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Brasil y México tienen un régimen obligatorio de Open Finance y Colombia tiene uno voluntario. Chile avanza con proyectos de Ley en curso, mientras que Perú, Argentina y Uruguay recién empiezan a ver el tema.
La transformación hacia servicios financieros digitales abiertos, donde el consumidor sea el centro de atención de los proveedores de servicios, es una tendencia que ya llegó a América Latina (LATAM) con distintos niveles de avances. Brasil y México tienen un régimen obligatorio de Open Finance, y Colombia tiene uno voluntario. Chile avanza con proyectos de Ley en curso, mientras que Perú, Argentina y Uruguay recién empiezan a ver el tema.
Durante el evento “Open Finance en LATAM: Avances regulatorios y desafíos”, organizado por Vodanovic Legal, Ljubica Vodanovic, socia de la firma peruana, sostuvo que se trata de una tendencia imparable liderada por el sector privado que ha visto en la digitalización y la cooperación con terceros (Fintech y otros proveedores), la posibilidad de crear nuevos modelos de negocio que mejoren la experiencia del usuario. “El Open Finance es una herramienta que, bien regulada, permite desarrollar más servicios, más inclusión financiera y más competencia. Es un modelo disruptivo y transformacional que sigue avanzando, pero que necesita regulación, reglas claras para generar certidumbre y confianza”, puntualizó.
Explicó que el Open Finance empodera al usuario, haciéndolo dueño de sus datos, permitiéndole compartir su información y obtener servicios en un solo aplicativo, de manera ágil y segura. “Permite, por ejemplo, que un conductor de Uber pueda tomar préstamos en su aplicativo o que Rappi pueda ofrecer a sus clientes tarjetas de créditos, o que, a través de la plataforma de tu banco, puedas adquirir otros bienes y servicios no bancarios”.
Para ello, los proveedores se interconectan mediante APIS y brindan todos los servicios desde una sola plataforma, mejorando la experiencia-usuario”, puntualizó, tras señalar que las empresas no financieras vean oportunidades de brindar servicios financieros “transformando la banca tal como la conocemos”, puntualizó
Brasil, México y Colombia
En Brasil, Julia Bayma de la firma Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados sostuvo que el Open Finance cuenta con un sólido marco regulatorio que tiende a expandirse. Explicó que esto empezó el año 2020 con normas del Banco Central de Reservas, que se viene implementando por fases. Señaló que, en diciembre 2021, el Open Banking se convirtió en Open Finance. “Ahora se discute la regulación de la interoperabilidad dentro del Open Finance, que es fundamental para garantizar un sistema seguro e interoperable”, puntualizó.
Indicó que, pese a que hay un marco regulatorio, se requiere mejorar aspectos técnicos de la interoperabilidad. Para ello, se ha creado un sistema de autorregulación, donde participan bancos, FinTech, Startup, etc, para desarrollar la estandarización tecnológica, los derechos y obligaciones, los canales de reclamos, entre otros aspectos.
En México, Victoria Albanesi de Albanesi Tech Legal Consulting, sostuvo que el 2018 se promulgó la Ley Fintech Mexicana, que incluyó el Open Finance, haciendo obligatorio compartir la información, mediante APIS de datos abiertos. “La Ley delegó en las entidades especializadas su implementación, pero debido a sucesivos cambios, se ha frenado su desarrollo”, explicó, tras señalar, que el sector privado ha avanzado con el Open Banking de mercado o voluntario.
José Fernando Torres Varela de Lexia Abogados de Colombia, sostuvo que su país cuenta con una regulación voluntaria, pero la Superintendencia de Bancos está trabajando estándares específicos del Open Finance. Indicó que, en ese marco voluntario, se viene prestando servicios financieros a través de distintas figuras, distintas a una licencia bancaria.
Citó el ejemplo de Rappi-Banco Davivienda, donde la regulación permitió la figura de la “corresponsalía digital” por el cual una empresa no financiera se conecta con una entidad financiera y brinda servicios, usando figuras legales como las Sociedades Especializadas de Pagos y Depósitos Electrónicos (SEDPE), bancos o cooperativas. “Esto beneficia a los clientes, pues tienen más servicios, y también beneficia a los bancos, pues las Fintech u otra empresa le representan la posibilidad de tener un canal más para sus clientes con menos costo”, puntualizó.
Chile y Perú
Diego Cuadra, de la firma Magliona Abogados de Chile, sostuvo que su país no cuenta con una regulación específica, pero si existe el “Open Finance de facto”, donde no existe un protocolo formal y generan muchos riesgos y ausencia de reglas claras.
Por ello, indicó que se ha presentado un proyecto de Ley FinTech para promover la competencia, la inclusión financiera, a través de la innovación. “Ahí se establecen las reglas para la implementación del Open Finance de manera segura. Es un paso importante, pero se requiere regular bien”, puntualizó, tras señalar que existe incertidumbre, pues el proyecto deja al regulador emitir la normativa necesaria en un plazo de 18 meses. “Hay empresas que quieren entrar al Open Finance, pero ese plazo tan largo no genera certidumbre”, puntualizó.
En el caso del Perú, María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic Legal, sostuvo que existen bajos niveles de inclusión financiera, pero a la vez un crecimiento del ecosistema financiero digital, lo cual genera oportunidades para mejorar el acceso de la población, especialmente rural. “Hoy vivimos en Perú el Open Finance de mercado, por iniciativa del sector privado, pero solo satisface al contexto urbano”, puntualizó.
Señaló que se ha planteado un proyecto de ley para masificar la Banca Abierta en todo el país, la cual tiene opinión favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), con la observación de que sea “Open Finance” en vez de sólo “Open Banking”. “El Open Finance es positivo, pues mejorará nuestros índices de inclusión financiera, habrá más canales digitales para acceder a más servicios y genera un Win-Win (ganar-ganar) entre los bancos y los terceros proveedores, entre ellos las FinTech”, puntualizó.
Sostuvo que los retos del Perú son definir el enfoque de la ciberseguridad, definir las responsabilidades para gestionar los riesgos de seguridad con los terceros no financieros, evaluar los estándares exigidos a los terceros, la defensa de la sana competencia y la limitación de las prácticas restrictivas, entre otros.
Argentina y Uruguay
Por su parte, Daniel Levi, miembro de la firma Beccar Varela de Argentina, sostuvo que en su país no está regulado el “Open Finance” ni existe una agenda regulatoria definida y que esto se desarrolla más por iniciativa del sector privado. “Si bien no tenemos normas especiales, si tenemos regulación que trae algunos principios del Open Banking”, puntualizó.
Citó el caso de las normas para compartir datos para transacciones en la multi adquirencia de la industria de pagos electrónicos (caso Prisma), licencias para soluciones de entidades no bancarias, el tema del débito inmediato y código virtual único para entornos no bancarios, las transferencias 3.0 (pagos instantáneos), la autorregulación y estandarización de APIs y el enrolamiento y vinculación de cuentas, sin necesidad de salir de su aplicativo. “En Argentina, la discusión del regulador hoy está más centrado en la reducción de costos en la actividad comercial, fomentar la inclusión financiera y reducir la informalidad en el uso de efectivo. No vemos como prioridad implementar el Open Banking, pero al sector privado si le interesa”, puntualizó.
Por su parte, Florencia Castagnola de la firma Guyer & Regules de Uruguay, sostuvo que en su país recién ha entrado a analizar el tema del Open Banking, en el marco del Plan de Innovación Financiera, a cargo del Banco Central de Reservas. “Se ha convocado a diversos actores y se ha creado una mesa de discusión. Está en manos del Banco Central sacar un proyecto normativo pronto”, reportó.
Dijo que en los hechos el impulso lo tiene el sector privado, pero claramente se requiere una regulación para avanzar. “Uruguay es uno de los países que cuenta, junto con Argentina, con los estándares más adecuados en materia de protección de datos personales, lo cual es una ventaja”, puntualizó.
Lima, 15 de setiembre de 2022
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