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En el presente artículo, la autora da cuenta de los esfuerzos y avances para impulsar la inclusión financiera en el Perú, tomando como referencia a otros países de Latinoamérica, al tiempo que destaca el rol que viene teniendo la transformación digital en el ámbito del sector financiero, así como algunas iniciativas para modernizar la normativa aplicable a los agentes del mercado de valores para promover el uso de la tecnología.
Según el Banco Mundial, la inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza y lograr el bienestar económico.
En el Perú, inclusión financiera se define como el acceso de la población a servicios financieros de calidad. Así, más que un simple acceso, también involucra asegurar el uso efectivo y continuo de los productos y servicios financieros,garantizando sucalidad.
Según el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp 2023, que mide el grado de inclusión financiera en ocho países de Latinoamérica, el Perú se ubica en el puesto seis, con un índice promedio de 43.3% a 2023¹. Sin embargo, según el reporte, el índice peruano aumentó en los últimos años gracias una mayor digitalización de los servicios financieros.
Transformación digital en el sector
Las entidades financieras vienen mostrando un mayor interés en impulsar su transformación digital usando nuevas tecnologías, haciendo más eficiente sus procesos y ofreciendo servicios adaptados a las necesidades y a nuevas formas de consumo. Asimismo, nuevos actores fintech han ingresado y crecen en los diversos mercados financieros.
Tanto las entidades tradicionales como los nuevos actores vienen desarrollando más soluciones digitales inclusivas en el país, especialmente en poblaciones vulnerables. Un ejemplo está constituido por las billeteras digitales, que permiten pagos y transferencias, sin importar la distancia (e.g., Yape que tiene más de 14 millones de usuarios). Otro ejemplo está dado por las aplicaciones móviles que permiten comprar y vender acciones en el mercado bursátil. Con estas, se ha incluido a un grupo significativo de nuevos inversionistas retail al mercado local.
Si bien los servicios financieros digitales impulsan la inclusión, aquellos vienen asociados a diversos riesgos, algunos acentuados por la mayor dependencia de la tecnología (e.g., riesgo operacional, seguridad cibernética, entre otros). Las empresas deben identificar dichos riesgos para gestionarlos y así asegurar su sostenibilidad.
Por el lado público, se han dado importantes avances. Destaca la aprobación de la Política Nacional de Inclusión Financiera en 2019; la Ley de Cuentas DNI, que permitió crear 10 millones de cuentas básicas hasta 2022; el Decreto de Urgencia N° 013-2020 que reguló la actividad de crowdfunding y facultó a la SMV y a la SBS a aprobar sus respectivos sandboxes regulatorios; y la reciente Política de Transformación Digital.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos, más del 56% de peruanos aún está excluido financieramente. Según un estudio de BID Invest de 2023, las principales barreras son la poca capacidad para personalizar los productos a las necesidades reales, los costos altos de los servicios, el déficit de educación financiera y de competencias digitales, la falta de conectividad, entre otras.
Por tanto, es clave proponer mejoras normativas, incluyendo la regulación del mercado de valores. Una tarea pendiente es la aprobación del Reglamento Sandbox de la SMV para viabilizar operaciones innovadoras e inclusivas, como la primera inscripción y emisión del bono digital del Banco Davivienda enteramente en el blockchain del BID Lab, en el marco del sandbox colombiano. Esta operación permitió validar eficiencias en tiempos, costos y transparencia de la transacción.
Otra medida es la flexibilización de la normativa de crowdfunding, pues algunos requisitos financieros y de infraestructura mínima, así como los límites operativos -en algunos casos- harían inviable el modelo de negocios y la sostenibilidad de estas empresas. Según el BID, Perú exige uno de los capitales mínimos más altos de Latinoamérica (USD 77,528), incluso superior al de la Unión Europea (USD 30,244) y Reino Unido (USD 69,374). Reducir la carga regulatoria donde sea necesario incentivaría el ingreso de nuevos actores y el crecimiento de los actuales.
Finalmente, es clave modernizar la norma aplicable a los agentes del mercado de valores, promoviendo el uso de tecnología financiera, herramientas digitales y alianzas con empresas fintech para generar eficiencias en sus procesos, diseñar instrumentos ajustados a las necesidades de los inversionistas y ofrecerlos en plataformas digitales de empresas aliadas para llegar a nuevos nichos de mercado. Con ello, promoveremos la inclusión financiera y el desarrollo del mercado de valores.
¹ Incluye los siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú.
