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31 mayo, 2017 / by WebMasterVP

Prevención de delitos de corrupción en la banca

La adopción e implementación oportuna y eficiente de un modelo de prevención de delitos (“compliance”), eximirá a las empresas de responsabilidad administrativa frente a la comisión de delitos de corrupción (soborno o cohecho activo, bajo ciertas modalidades) o el lavado de activos y la colaboración con el terrorismo, cuando tales delitos hayan sido cometidos en nombre de las empresas o por cuenta de estas y en su beneficio, por sus socios, directores, administradores, representantes legales o apoderados, así como por personas naturales sometidas a la autoridad y control de los primeros. Si bien el nuevo modelo de prevención (Ley 30424 y sus recientes modificatorias) entrará en vigencia efectiva a partir del 01 de enero del 2018, es útil plantearse cuál podría ser el modo más eficiente de cumplir con esta nueva obligación en el sistema financiero, aprovechando la infraestructura de gestión de riesgos que las empresas supervisadas por la SBS ya tienen implementada. Recordemos que dichas empresas ya están sujetas -desde el año 2015- a una serie de normas en materia de gestión integral de riesgos, y particularmente de gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese sentido, asumen responsabilidad frente a la SBS por el cumplimiento de las disposiciones que las rigen.

Entre ellas, la de implementar y poner en funcionamiento un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dicho sistema cuenta con un doble componente: uno de “cumplimiento” caracterizado por la normativa interna y externa que es aplicable a la empresa; y otro de “Gestión del Riesgo”, conformado por procedimientos y controles legales que incluyen el conocimiento adecuado de sus clientes, del mercado, de contrapartes y proveedores (entorno externo); así como de sus directores, gerentes y trabajadores (entorno interno). Vemos que existe una afinidad en los cuerpos normativos citados que merece ser aprovechada por las empresas del sistema financiero al momento de adoptar sus modelos de prevención, especialmente en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión de delitos.

Si bien las nuevas normas serán objeto de pronta reglamentación, es útil asociar desde ya sus exigencias a los controles que ya se exigen en los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre ellas, el conocimiento adecuado de sus trabajadores, gerentes y directores o frente a la exigencia de contar con un encargado de prevención, que podría recaer en la figura del Oficial de Cumplimiento.

 

 

 

Por María del Carmen Yuta, consultora experta de Vodanovic Legal.

 

 

Nota publicada en Diario Gestión – 31 de mayo