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La industria de criptoactivos crece aceleradamente. Según el informe “Crypto Market Sizing” del portal Crypto.com, durante el 2021 los usuarios de criptomonedas aumentaron 178%, pasando de 106 a 295 millones. Se estima que superará los mil millones a fines del 2022.
Hoy los servicios son diversos: Como depósito de valor, como moneda, como canal alternativo para transferencias e incluso pagar obligaciones, entre otros. Su creciente uso ha evidenciado riesgos asociados como lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), fraudes, ataques cibernéticos, vulneración al consumidor y de datos personales. Si esta industria alcanza escala sistémica, los riesgos podrían incluir la afectación a los distintos sistemas financieros del mundo.
Por todo lo señalado, varios países han iniciado su ruta regulatoria abordando -como primer paso- la prevención del riesgo de lavado (LAFT), siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) desde el 2015. No obstante, a raíz de la orden ejecutiva emitida el pasado 9 de marzo por el presidente Joe Biden y siguiendo los avances del Mercado de Criptoactivos de Europa (MICA), la regulación no se centrará únicamente en prevenir riesgos, sino también en potenciar sus múltiples beneficios.
Y es que las personas están encontrando en los criptoactivos un riel alternativo para satisfacer sus necesidades financieras. Por ejemplo, aquellas personas no incluidas en el sistema financiero logran transferir dinero a sus familiares en otras jurisdicciones comprando criptoactivos y vendiéndolos en la plaza de destino; otras personas encuentran en los criptoactivos una posibilidad interesante de inversión. Asimismo, empresas de la talla de Visa y MasterCard han diseñado tarjetas de crédito y prepago con un tipo de criptoactivos (denominados Stablecoins), que están anclados al valor de una moneda fiduciaria y que pueden ser utilizadas por los usuarios en cualquier lugar del mundo.
Estos ejemplos muestran la potencialidad de esta industria, lo cual explicaría porqué la orden ejecutiva del gobierno de Biden decidió enfocar la regulación no sólo en prevenir riesgos sino además en potenciar su uso, de cara a mejorar la inclusión financiera y fomentar la innovación, cuidando mantener el liderazgo de EEUU en el cambiante entorno financiero.
No cabe duda que esta orden ejecutiva será el referente para que muchos países, incluido el Perú, inicien su ruta regulatoria, cuidando tres aspectos: Primero, regular con información suficiente, actualizada y técnica sobre la industria, sus beneficios y riesgos, siguiendo las mejores prácticas internacionales; segundo, lograr un alto nivel de coordinación entre las distintas entidades pues los criptoactivos cruzan la jurisdicción de distintas autoridades. Y tercero, escuchar al privado. Las autoridades deben conocer de la propia industria las particularidades de los servicios, atendiendo cada contexto. La coordinación público- público y público-privada es clave.
Confiamos que nuestro país sabrá aprovechar las innovaciones de la ola digital para impulsar su inclusión financiera y mejorar la competencia, cuidando de regular bien los riesgos asociados.
