Prensa
María del Carmen Yuta
Socia de Vodanovic Legal
El Pleno del Congreso aprobó con 107 votos a favor la insistencia en la autógrafa de la Ley de Fortalecimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). La norma permitirá a aquellas que tengan más de tres años de funcionamiento y activos superiores a 75 mil UIT, emitir y administrar tarjetas de crédito y débito, sin autorización previa de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). También podrían recibir depósitos a la vista, otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes y emitir cheques de gerencia.
La implementación de esta iniciativa traerá consigo, sin duda, una serie de oportunidades en una industria de servicios financieros ciertamente concentrada, donde la banca múltiple, con 17 empresas, posee una participación del 89%, con relación a la CMAC que, con 12 empresas, tiene una participación de sólo 6.74%, según cifras de la SBS.
En este contexto, las ventajas tienen que ver con una oferta más amplia de productos financieros, un incremento en el universo de clientes para las CMAC y la posibilidad de diversificar ingresos, incrementando su cartera de préstamos. Desde una perspectiva mercado, se verá favorecida la competencia desde una óptica de level playing field, que supone aplicar las mismas reglas de juego a agentes del mercado con similares características, si consideramos que bancos de menor talla y, posiblemente, con menor nivel de activos totales respecto del umbral exigido a las CMAC (75 mil UIT), ya cuentan actualmente con esa opción.
De cara a los usuarios, las ventajas también resultan evidentes en un contexto de mayor competencia, pues una mayor oferta traería consigo una reducción en las tasas, las que hoy son una de las más elevadas del mercado respecto de otros créditos de consumo, especialmente en tarjetas revolventes donde el promedio de tasas oscila entre el 80 y 86%
Riesgos
Presentadas las ventajas, no debe perderse de vista los desafíos y riesgos asociados. Las CMAC se verán obligadas a robustecer sus sistemas de control y monitoreo para garantizar una adecuada gestión de los riesgos, principalmente de tipo operacional y de crédito. En un contexto de mayor uso de canales digitales, una adecuada gestión de la ciberseguridad resulta clave, más aún, tratándose en las tarjetas de crédito donde las estadísticas de fraude (suplantación de identidad, clonaciones, SIM swapping, clonaciones, robos), y de operaciones no reconocidas por los usuarios, es significativa.
Por su parte, el uso de tarjetas de crédito involucra una gestión muy fina del riesgo de crédito y de sobreendeudamiento, pues se permite el uso de una línea revolvente, que suelen tener las tasas de interés más elevadas del mercado. Asimismo, un mal uso de las tarjetas podría incentivar el pago de montos mínimos durante periodos prolongados, incrementándose la situación de endeudamiento y agravándose la situación crediticia del deudor, con riesgo de repago de sus obligaciones. De allí la importancia de contar con una infraestructura robusta para evaluar y monitorear esta capacidad de pago.
Por el frente del supervisor también advertimos retos, pues habrá un cambio de enfoque en la supervisión, considerando que hoy ya existe un procedimiento simplificado de ampliación de operaciones, en virtud del cual la SBS realiza un control ex ante de orden técnico prudencial, como es precisamente la revisión del tipo de tecnología (controles de seguridad, sistemas informáticos y de monitoreo) y procesos involucrados en la gestión de los riesgos de emitir y administrar tarjetas de crédito; lo cual -en todo caso- deberá reformularse enfocándose en un “control posterior” más fino.
En conclusión, esta iniciativa trae la necesidad de ponderar más de un objetivo regulatorio en juego: por un lado, la promoción de la competencia, el garantizar un trato equitativo entre los distintos actores del mercado, la mejora en el acceso por parte de los usuarios; y, por otro lado, también una adecuada gestión de los riesgos operacionales y de crédito, cautelando la solvencia de las empresas y el cuidado de los ahorros del público.
